Con la finalidad de paliar los efectos económicos y sociales ocasionados por la crisis pandémica del Covid-19, la Unión Europea ha puesto en marcha los ya conocidos Fondos Next Generation EU, iniciativa de una magnitud económica sin precedentes que va a suponer una importante inyección financiera en muy corto plazo a los Estados miembros más afectados por la pandemia, con el fin de reactivar sus economías y salir lo antes posible de la crisis.
El Gobierno de España está preparando un Real Decreto Ley para poner cara y ojos a esta inyección económica. Está prevista su aprobación en un consejo de ministros para el próximo mes de diciembre debido a la urgencia de su aplicación.
Este Decreto, para instrumentalizar y desarrollar las futuras llegadas de fondos, incluye la creación de un nuevo mecanismo o instrumento de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE).
De acuerdo con el borrador del texto legal, al que han tenido acceso los medios, se enuncian como proyectos de carácter estratégico que tienen un importante potencial de arrastre para el resto de la economía y que exigen la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación, es decir, la famosa colaboración público-privada.
Es importante destacar que la calificación de PERTE será propuesta por el ministerio competente en la materia o actividad del proyecto en cuestión, y aprobada por el Consejo de ministros.
Para dar cauce al fluido de proyectos, el Gobierno ha previsto la creación de un Registro estatal de las entidades interesadas en participar en estos proyectos estratégicos que dependerá del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En él se inscribirán, no sólo las empresas privadas, sino también las públicas. El listado será público. Las sociedades registradas, de acuerdo con el texto, serán consideradas preferentes para la colaboración con todas las Administraciones Públicas no sólo en relación con el proyecto en particular en el que participen, sino que “se tendrá en cuenta de forma prioritaria para su nominación por España en relación con la participación en proyectos importantes de interés común europeo u otros programas europeos”. En general, las entidades que se registren en un PERTE tendrán carácter preferente para la suscripción de convenios con las Administraciones Públicas, así como para formar parte en consorcios con el sector estatal.
Esperemos que las PYMEs españolas, que son el grueso de las empresas, “se pongan las pilas”, estudien y analicen el Decreto, y pongan imaginación para desarrollar programas y proyectos de futuro. Pero, tal y como se describen las exposiciones del mencionado borrador, parece a primera vista y como casi siempre, de difícil acceso y comprensión para las mismas.
Creo que en este sector inmobiliario y de la construcción, habrá que profundizar en asuntos de ahorro y eficiencia energética (rehabilitación de edificios) y en infraestructuras.
La inscripción en dicho Registro se considerará como un requisito necesario para ser beneficiario de subvenciones. Y constar en él también permitirá presumir que concurren razones de interés público o económico a efectos de la tramitación de subvenciones de concesión directa.
El registro estatal de entidades interesadas en los PERTE se pondrá en marcha en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Decreto Ley.
