La nueva Ley Hipotecaria que podría entrar en vigor en marzo, hará pagar a la banca todos los gastos derivados de un crédito hipotecario (menos la tasación) y rebajará a la mitad las comisiones de amortización por reembolso.
Sin embargo, habrá al menos tres artículos que necesitan desarrollo reglamentario y que podrían entrar en vigor después de otros tres meses, un poco antes del verano. De esta forma, el Parlamento atendería las reclamaciones del sector financiero que pide tiempo para poder adaptarse a la nueva norma, consecuencia de la transposición de una directiva europea.
La futura y renovada normativa acaba con algunas de las ventajas que conservan notarios y sociedades de tasación, según se contempla en el borrador de texto legal con las enmiendas. Se pone fin así a determinadas ventajas para estos sectores que sí se contemplaban en el proyecto que promovió Luis de Guindos durante su etapa en el Ministerio de Economía.
En relación a la actividad de tasación en el proyecto de ley, esto es parte de lo que exponen los textos de alguna de las enmiendas de los grupos políticos en este asunto: “Antes y después de que explotara la burbuja inmobiliaria, se evidenció la sobre-tasación de los inmuebles sujetos de garantía hipotecaria, que fue utilizada tanto para incrementar el volumen de crédito como para dar la apariencia de suficiente respaldo del crédito. También se aprovechó cierta falta de claridad en la regulación sobre tasación que privilegiaba el valor de mercado con fines especulativos”.Las principales y escasas novedades que incorpora la nueva normativa en relación a la tasación, se encuentran recogidas en el artículo 11. En él se hace referencia a la «tasación de bienes inmuebles» y en él se abre la posibilidad a que las tasaciones de los inmuebles puedan ser realizadas por profesionales ajenos a las famosas sociedades que lideran este sector. «Damos la posibilidad a que otras personas físicas puedan realizar las tasaciones«, indican fuentes implicadas en este proyecto de ley hipotecario. Los tasadores serán independientes y pueden ser no sólo sociedades de tasación sino también personas físicas. Además el cliente podrá elegirlo.
El texto obliga además a que las empresas y los profesionales encargados de latasación de los inmuebles sean independientes del prestamista. La ley da seis meses desde su aprobación para que el Gobierno diseñe una nueva normativa para la homologación de las personas que pueden efectuar tasaciones de viviendas.
Todos, eso sí, deberán utilizar las normas de valoración de bienes inmuebles recogidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo.
La enmienda introducida por el Grupo Socialista sobre el citado artículo 11 es la siguiente: «Artículo 11. Tasación de los bienes inmuebles. Los inmuebles utilizados como garantía habrán de ser objeto de una tasación adecuada antes de la celebración del contrato de préstamo. La tasación se realizará por una persona física o jurídica con capacidad acreditada en materia de tasación, independiente del prestamista o de la sociedad de intermediación, utilizando normas de tasación fiables y reconocidas internacionalmente, de conformidad con lo establecido por la Orden EC0180512003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.»La otra principal novedad es que será el prestatario el que corra con los gastos de dicha tasación, como no podía ser de otra manera, para afianzar así la independencia de la misma.
