El Ministerio de Trabajo plantea una regulación de la subcontratación que puede obligar a la empresa principal a contratar a los empleados de la subcontrata, autónomos o colaboradores si ve que trabajan en la misma actividad.

El Ejecutivo ha planteado, entre otras cosas, a la patronal y los sindicatos tres cambios significativos en este modelo de actividad que está regulado en el artículo 42 referente a la Subcontratación de obras y servicios en el Estatuto de los Trabajadores.

Cabe como primera medida, la posibilidad de que la empresa principal, o más grande, pueda verse obligada a integrar en la plantilla y en la nómina a autónomos con los que colabora. A los llamados autónomos dependientes de una sola empresa principal o a empleados de otras empresas subcontratadas. A todos aquéllos que puedan considerarse dentro de la actividad central, o de la «propia actividad» de la compañía principal o del contrato.

La construcción es el paradigma más claro de la subcontratación, aunque hay cientos de ejemplos sobre el riesgo de que, en una cadena de contratación, la empresa principal pueda verse obligada a absorber a los trabajadores de las empresas subcontratista o a los autónomos.

En segundo lugar, se obligaría a que los trabajadores de la pyme que desarrolla una segunda actividad tengan las mismas condiciones laborales que los de la principal. Que tengan las mismas condiciones salariales y de derechos que los empleados de la empresa más grande. Salvo que su propio convenio tenga condiciones más ventajosas que los dos anteriores. En ese caso, primarían las condiciones laborales de la empresa subcontratista.

Por todas estas razones las patronales advirtieron el miércoles al Gobierno, sin más datos que la inmovilidad del sistema actual o modelo productivo y el perjuicio para la economía, de que no piensa negociar la reforma de la subcontratación.

Para estas organizaciones empresariales si el ministerio saca adelante “su propuesta para que toda la cadena de subcontratación adopte las condiciones laborales de la empresa principal, muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo”. Además, “no sería posible desde la empresa principal absorber todo el empleo que generan estas empresas, máxime en el actual contexto de desaceleración”, advierten.

Parece ser que la idea del actual gobierno, al respecto de este cambio, es la de atajar la temporalidad fraudulenta y el contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas o los falsos autónomos.